La ministra de Vivienda y Urbanismo, Jessica López, destacó que esta iniciativa es un paso clave hacia una planificación urbana más eficiente. “El objetivo principal es eliminar las barreras innecesarias en los procesos de construcción, permitiendo que los proyectos avancen con mayor rapidez, siempre cumpliendo con las normas de seguridad y sostenibilidad”, señaló.
Entre las principales medidas se incluye la digitalización de los trámites, la simplificación de requisitos técnicos, y la creación de un plazo máximo para la aprobación de permisos. Según estimaciones del Minvu, estas modificaciones podrían reducir en un 30% el tiempo promedio que actualmente toma iniciar un proyecto habitacional.
La nueva ley también incorpora un enfoque en la sustentabilidad, incentivando proyectos que utilicen tecnologías limpias y materiales ecoamigables. Desde el sector privado, empresarios y constructoras han recibido la noticia con entusiasmo, señalando que esta reforma podría generar más empleo y dinamizar la economía.
Por su parte, organizaciones sociales han mostrado cautela, enfatizando que la agilidad en los procesos no debe comprometer los estándares de calidad en la vivienda ni la protección de los derechos de los vecinos.
Esta ley forma parte de un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno para abordar el déficit habitacional en el país, estimado en más de 600 mil viviendas. Se espera que los resultados de esta nueva normativa comiencen a ser visibles durante los próximos meses.
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